Las patronales posponen las medidas de presión al resultado de la reunión que mantendrán mañana con la consellera.
En octubre llegó la primera señal. La patronal de colegios concertados Feceval advirtió de que la Generalitat no había ingresado el módulo del concierto educativo destinado a los gastos de funcionamiento de julio, agosto y septiembre. Entonces se les informó de que el dinero llegaría «la semana que viene». Una frase muy repetida con posterioridad pero vacía de contenido ante los reiterados retrasos.
El pasado mes, cuando la situación ya era preocupante, los centros se acogieron a la entrevista mantenida con el exconseller de Educación, José Císcar, que les prometió abonar parte de deuda antes de que terminara el año. Pero tampoco llegó el ingreso, con el handicap de que a la demora existente se le añadió el impago del último trimestre por el mismo concepto.
Los colegios, que con estas partidas abonan las nóminas del personal de administración y servicios y gastos como limpieza, luz, agua o alquiler, no han tenido más remedio que adelantar las cuantías para seguir funcionando. Pero para muchos la cuerda se ha tensado demasiado y ya se han agotado los recursos propios y crediticios. Hasta el punto de que hay casos en los que si se continúa así tendrán que cerrar sus puertas de forma temporal.
Un buen ejemplo de la situación es el centro Ramiro Izquierdo de Castellón, que cuenta con unidades de Infantil, Primaria y Secundaria. En una carta remitida a los padres a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS se informa de que la Conselleria no ha abonado el citado módulo ni las ayudas del bonolibro o el bono infantil. A pesar de ello, indica que se ha cumplido con las obligaciones en cuanto a pagos de gastos y salarios «para que la vida escolar transcurra de forma normalizada». Eso sí, la misiva termina de forma contundente. «Esta situación se está haciendo insostenible, por lo que de seguir así nos veríamos obligados, lamentablemente, a un cierre del centro hasta que la situación se regulara». No es una medida de presión. Es consecuencia de la desesperación.
Implicar a los progenitores en el problema ha sido una constante de las patronales concertadas. En el caso de Escuelas Católicas de la Comunitat han enviado cartas a sus centros para que las hagan llegar a los padres alertando de la situación. Por ejemplo, ponen el acento en aquellos colegios ubicados en inmuebles alquilados que corren el riesgo de ser desahuciados por impagos. Y es que seis meses sin disponer de los recursos que por ley deben recibir para este menester son demasiados, tanto para el inquilino como para el propietario.
En la carta, enviada antes de Navidad, se recordaba la posibilidad de «denunciar el concierto educativo por incumplimiento grave» y se hablaba de tomar «medidas públicas de réplica» tras el periodo de vacaciones. De momento, esta posibilidad se pospondrá al menos unos días, pues las patronales esperarán a la reunión que mañana mantendrán con la nueva consellera, María José Catalá, para abordar el pago de la deuda.
La Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes también optó por este recurso para recabar el apoyo de los padres ante futuras acciones de protesta. A estos centros se les debían los salarios docentes, que ya han sido abonados, aunque siguen sin recibir los gastos de funcionamiento.
Calendario de pagos
Precisamente ayer por la tarde se celebraron juntas directivas en Feceval y en Escuelas Católicas para valorar la situación y preparar la reunión del viernes. Entre las peticiones que plantearán a la consellera estará la elaboración de un calendario de pagos con fechas concretas, algo parecido a lo sucedido con las farmacias.
Fuentes del sector apuntaron que le reclamarán que los centros hayan ingresado parte de la deuda antes del 20 de enero, ya que es el plazo límite que tienen para cumplir con sus obligaciones tributarias -como los pagos del IVA- y con la Seguridad Social (respecto a su personal no concertado). Además, esperan que el último trimestre de 2011 les llegue a lo largo de febrero. En cifras, se puede hablar de más de 50 millones entre subvenciones directas, bono infantil y los gastos de funcionamiento de seis meses.
La situación también afecta a los profesores, a los que se les ingresó la nómina de diciembre y la extra sobre la campana, exactamente el último día hábil del año. Ayer, desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV explicaron que «en algunos centros los titulares han llegado a pedir a los docentes que renuncien a su extra o a una parte de su nómina para poder pagar a este personal (el de administración y servicios)». También alertaban de que empleados de la limpieza o conserjes «llevan en algunos casos meses trabajando y sin cobrar», de ahí que exigieran a las patronales medidas de presión. Según las fuentes consultadas la única que se descarta es la huelga por los perjuicios que causaría a los docentes, a los padres y a los alumnos.
La consellera María José Catalá se refirió ayer al conflicto tras un acto público, y dijo que se trabaja con Hacienda para encontrar una solución que llegará «en las próximas semanas». Además, agradeció «la responsabilidad» de los centros, que siguen funcionando, y dijo que procurará que «esto no se repita».
El impago de los gastos de funcionamiento también afecta a los colegios públicos, que tampoco han cobrado los dos últimos trimestres, además de otras ayudas como la destinada a la compra de libros. Por no hablar de las dificultades para cubrir vacantes. En el caso de un CEIP de Almássera, los padres denunciaron ayer que los niños de una clase de Primaria no tienen tutor desde enero tras la jubilación del docente, por lo que están a la espera de que la Conselleria adjudique la plaza. Como pronto, aseguran, no llegará hasta el día 23.
Las Provincias 12/01/12
J. BATISTA
J. BATISTA
Las provincias.es
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